domingo, 20 de diciembre de 2009
Manifiesto Manifestación 19-12-09
Buenos días a todos y a todas y gracias por estar aquí.
Vamos a imaginar una historia de dependencia como otras muchas. Por ejemplo, ser madre o padre de una hija con enfermedad congénita con gran minusvalía. Una madre que probablemente tuvo que dejar de trabajar total o parcialmente porque su hija necesitaba atención las 24 horas del día, y una familia donde empezaron los gastos, el ir de médico en médico, las pocas ayudas, las prestaciones por hijo a cargo que no llegaban a 500 euros anuales, el pago de medicinas, los tratamientos especiales,....
El desamparo institucional le obliga a abrirse, a ampliar el círculo de la solidaridad, a buscar la ayuda de familiares, vecinos y conocidos, y al mismo tiempo le enseña a unirse a otras para reflexionar con claridad sobre su situación, para avanzar y conocer sus derechos, ....
El tiempo va pasando pero la situación no cambia mucho. Después ya no paga las medicinas, cobra la pensión no contributiva y sobre todo ha aceptado ser madre, cuidadora, enfermera,... de una niña con edad mental de 3 años de por vida.
Como todos los que estaban en situación similar estuvo pendiente en diciembre del 2006 de la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia; vio abrirse un poco el cielo cuando conoció la nueva ley y estuvo, ansiosa, hasta el momento de hacer la solicitud del derecho que la ley reconocía. Esto fue en abril de 2007
Han pasado casi tres años de aplicación de la ley y, por el hecho de vivir en la Comunidad Valenciana, le ha tocado verse inmersa en un laberinto de procedimientos, normas y órdenes que han rebajado, retrasado o impedido recibir las prestaciones o servicios que la ley reconoce.
¿Qué han significado estos tres años?
Han sido:
- tres años de ilusiones perdidas, pero sobre todo de tiempo perdido.
- tres años de muertes desatendidas; alrededor de 13000 dependientes han faltado ya, en espera de las prestaciones. En el frío lenguaje administrativo son sólo 13000 “propuestas de extinción”.
- tres años de dilaciones, sin plazos concretos donde orientarse, ni un sistema de información sobre la tramitación de los expedientes.
- tres años de una administración que mediante su ausencia de palabras (su silencio administrativo) ha contribuido al deterioro de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y sus familias.
- tres años de excusas y ocultación de datos, que no han impedido saber que nuestra Comunidad, que tanto se vanagloría de ser siempre la mejor en esto, y aquello, y en lo de más allá, está situada a la cola entre las CCAA en la aplicación de la Ley.
- tres años de "ilegalidad" o de "alegalidad" institucional, por el incumplimiento sistemático del espíritu de la ley.
- tres años de frustración, porque han conseguido que lo qué antes era, más o menos fácil - ir al trabajador social de nuestro Ayuntamiento y exponerle el asunto - ahora es supercomplicado, con plazos incumplidos y atenciones anónimas de escasa profesionalidad.
- tres años de confusión administrativa, porque nadie sabe por dónde andan o por dónde circulan los expedientes, ni qué recurso nos corresponde.
- tres años de desencuentros, porque esta administración nunca ha estado cerca de nuestros problemas, no ha manifestado la más mínima sensibilidad hacia nosotros y nuestras circunstancias. Nos ha recibido, es cierto, hace poco la consejera por primera vez, Cotino no lo hizo nunca, pero también ha sido dilatoria o inflexible ante nuestras demandas.
- tres años de absurdas confrontaciones entre administraciones que sólo han llevado a un callejón sin salida.
- tres años de desmantelamiento y desprofesionalización de los servicios sociales públicos. No comprendemos como se puede ser tan obstinado en la infrautilización y desprecio de los profesionales y los servicios sociales públicos y se apueste por AVAPSA, la empresa que privadamente gestiona la tramitación de los expedientes y que a la vista está su ineficacia.
En resumen, no podemos estar contentos. Cada historia personal es un drama cuando no una tragedia y nosotros no nos resignamos. Deseamos más sensibilidad social en nuestros gobernantes y ...
Reclamamos:
· Que se resuelvan sin más dilaciones los expedientes de los dependientes muy graves, que habían de haber quedado resueltos en 2007 .
· Que se agilice la tramitación y se cumplan los plazos oficiales.
· Que se acabe con el silencio administrativo negativo.
· Que se desarrollen los recursos que la ley prevé y que sean servicios públicos y de calidad.
· Que se desarrollan en concreto los servicios de Promoción de la Autonomía Personal y los de atención a la enfermedad mental.
· Que se elimine el decreto de incompatibilidades de prestaciones y servicios.
· Que se aplique el carácter retroactivo desde la fecha de la solicitud.
· Que no se vean perjudicadas, las personas que, antes de la promulgación de la ley, recibían ayudas por diversos conceptos de bienestar social.
· Y que la Consejería de Bienestar Social reaccione con decisión y se ponga, manos a la obra, a equiparar a los valencianos con el trato que brindan a sus ciudadanos las comunidades autónomas que mejor están aplicando la ley. En sensibilidad social sí que nos gustaría ser referente mundial.
Gracias otra vez por estar de nuevo aquí y animaros a que participáis cada vez más reflexionando y exigiendo el cumplimiento de las leyes. Las leyes no se hacen sólo en los parlamentos. Al exigir su cumplimiento estamos contribuyendo a que funcionen.
Buenos días a todos y a todas. ¡Que tengáis salud!
Buenos días a todos y a todas y gracias por estar aquí.
Vamos a imaginar una historia de dependencia como otras muchas. Por ejemplo, ser madre o padre de una hija con enfermedad congénita con gran minusvalía. Una madre que probablemente tuvo que dejar de trabajar total o parcialmente porque su hija necesitaba atención las 24 horas del día, y una familia donde empezaron los gastos, el ir de médico en médico, las pocas ayudas, las prestaciones por hijo a cargo que no llegaban a 500 euros anuales, el pago de medicinas, los tratamientos especiales,....
El desamparo institucional le obliga a abrirse, a ampliar el círculo de la solidaridad, a buscar la ayuda de familiares, vecinos y conocidos, y al mismo tiempo le enseña a unirse a otras para reflexionar con claridad sobre su situación, para avanzar y conocer sus derechos, ....
El tiempo va pasando pero la situación no cambia mucho. Después ya no paga las medicinas, cobra la pensión no contributiva y sobre todo ha aceptado ser madre, cuidadora, enfermera,... de una niña con edad mental de 3 años de por vida.
Como todos los que estaban en situación similar estuvo pendiente en diciembre del 2006 de la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia; vio abrirse un poco el cielo cuando conoció la nueva ley y estuvo, ansiosa, hasta el momento de hacer la solicitud del derecho que la ley reconocía. Esto fue en abril de 2007
Han pasado casi tres años de aplicación de la ley y, por el hecho de vivir en la Comunidad Valenciana, le ha tocado verse inmersa en un laberinto de procedimientos, normas y órdenes que han rebajado, retrasado o impedido recibir las prestaciones o servicios que la ley reconoce.
¿Qué han significado estos tres años?
Han sido:
- tres años de ilusiones perdidas, pero sobre todo de tiempo perdido.
- tres años de muertes desatendidas; alrededor de 13000 dependientes han faltado ya, en espera de las prestaciones. En el frío lenguaje administrativo son sólo 13000 “propuestas de extinción”.
- tres años de dilaciones, sin plazos concretos donde orientarse, ni un sistema de información sobre la tramitación de los expedientes.
- tres años de una administración que mediante su ausencia de palabras (su silencio administrativo) ha contribuido al deterioro de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y sus familias.
- tres años de excusas y ocultación de datos, que no han impedido saber que nuestra Comunidad, que tanto se vanagloría de ser siempre la mejor en esto, y aquello, y en lo de más allá, está situada a la cola entre las CCAA en la aplicación de la Ley.
- tres años de "ilegalidad" o de "alegalidad" institucional, por el incumplimiento sistemático del espíritu de la ley.
- tres años de frustración, porque han conseguido que lo qué antes era, más o menos fácil - ir al trabajador social de nuestro Ayuntamiento y exponerle el asunto - ahora es supercomplicado, con plazos incumplidos y atenciones anónimas de escasa profesionalidad.
- tres años de confusión administrativa, porque nadie sabe por dónde andan o por dónde circulan los expedientes, ni qué recurso nos corresponde.
- tres años de desencuentros, porque esta administración nunca ha estado cerca de nuestros problemas, no ha manifestado la más mínima sensibilidad hacia nosotros y nuestras circunstancias. Nos ha recibido, es cierto, hace poco la consejera por primera vez, Cotino no lo hizo nunca, pero también ha sido dilatoria o inflexible ante nuestras demandas.
- tres años de absurdas confrontaciones entre administraciones que sólo han llevado a un callejón sin salida.
- tres años de desmantelamiento y desprofesionalización de los servicios sociales públicos. No comprendemos como se puede ser tan obstinado en la infrautilización y desprecio de los profesionales y los servicios sociales públicos y se apueste por AVAPSA, la empresa que privadamente gestiona la tramitación de los expedientes y que a la vista está su ineficacia.
En resumen, no podemos estar contentos. Cada historia personal es un drama cuando no una tragedia y nosotros no nos resignamos. Deseamos más sensibilidad social en nuestros gobernantes y ...
Reclamamos:
· Que se resuelvan sin más dilaciones los expedientes de los dependientes muy graves, que habían de haber quedado resueltos en 2007 .
· Que se agilice la tramitación y se cumplan los plazos oficiales.
· Que se acabe con el silencio administrativo negativo.
· Que se desarrollen los recursos que la ley prevé y que sean servicios públicos y de calidad.
· Que se desarrollan en concreto los servicios de Promoción de la Autonomía Personal y los de atención a la enfermedad mental.
· Que se elimine el decreto de incompatibilidades de prestaciones y servicios.
· Que se aplique el carácter retroactivo desde la fecha de la solicitud.
· Que no se vean perjudicadas, las personas que, antes de la promulgación de la ley, recibían ayudas por diversos conceptos de bienestar social.
· Y que la Consejería de Bienestar Social reaccione con decisión y se ponga, manos a la obra, a equiparar a los valencianos con el trato que brindan a sus ciudadanos las comunidades autónomas que mejor están aplicando la ley. En sensibilidad social sí que nos gustaría ser referente mundial.
Gracias otra vez por estar de nuevo aquí y animaros a que participáis cada vez más reflexionando y exigiendo el cumplimiento de las leyes. Las leyes no se hacen sólo en los parlamentos. Al exigir su cumplimiento estamos contribuyendo a que funcionen.
Buenos días a todos y a todas. ¡Que tengáis salud!
Protesta en Valencia por el 'bloqueo' a la Ley de Dependencia. | Efe
Varios cientos de personas se han manifestado por las calles de Valencia al ritmo de villancicos con letras adaptadas a su causa, en protesta por la "no aplicación de la ley de dependencia" por parte del gobierno de la Generalitat.
Unas 300 personas, según la policía, y 800 según los organizadores, han recorrido las principales calles de la capital hasta llegar al Palau de la Generalitat donde han leído un manifiesto en el que han denunciado los "tres años de olvido" que el colectivo demandante de la ley de dependencia sufre en la Comunidad Valenciana.
Ataviados con camisas naranjas, pancartas y carteles, los asistentes a la manifestación han coreado villancicos adaptados a su denuncia como "ande, ande, ande, ley de dependencia", seguido por "ande, ande, ande, esto es una vergüenza".
Al ritmo de canciones navideñas, los manifestantes han criticado que "Valencia tiene eventos, carreras y regatas, pero a los de la dependencia nos tratan como ratas".
El coordinador de la plataforma por la ley de dependencia de Valencia, Jaime Esteban, ha reclamado que la Generalitat la "aplicación acelerada de la normativa" en esa materia, ya que, según ha señalado, "estamos a la cola del estado español, lo que provoca que estemos discriminados".
En la protesta, que ha comenzado delante de la Conselleria de Bienestar Social y ha finalizado delante del Palau de la Generalitat, han estado presente el líder del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, la secretaria general de la provincia de Valencia del PSPV, Carmen Martínez, la portavoz del grupo municipal socialista, Carmen Alborch y la portavoz del grupo parlamentario Compromís, Mónica Oltra.
Alarte ha afirmado que "hay muchas razonas para que Camps abandone las instituciones" y ha explicado que debe hacerlo "por dignidad a los hacia los más de 13.000 solicitantes de la ley de dependencia que han muerto en la Comunidad sin que nadie les atienda".
El líder del PSPV ha denunciado que el presidente de la Generalitat y el PP "no pueden establecer un boicot y una negativa política a que los ciudadanos disfruten de sus derechos" y ha sentenciado que Camps "deja en la estacada a los valencianos más débiles".
Alborch ha firmado que el PPCV ha convertido a la Comunidad Valenciana en el "gran agujero de la dependencia" y ha indicado que en la ciudad de Valencia hay más 8.000 solicitudes y "solo 920 prestaciones reconocidas".
Por su parte, Oltra ha declarado que "es una poca vergüenza que haya dinero para las lujos del gobierno valenciano, como trajes y bolsos, y no para aquello que pagamos con nuestros impuestos".
Varios cientos de personas se han manifestado por las calles de Valencia al ritmo de villancicos con letras adaptadas a su causa, en protesta por la "no aplicación de la ley de dependencia" por parte del gobierno de la Generalitat.
Unas 300 personas, según la policía, y 800 según los organizadores, han recorrido las principales calles de la capital hasta llegar al Palau de la Generalitat donde han leído un manifiesto en el que han denunciado los "tres años de olvido" que el colectivo demandante de la ley de dependencia sufre en la Comunidad Valenciana.
Ataviados con camisas naranjas, pancartas y carteles, los asistentes a la manifestación han coreado villancicos adaptados a su denuncia como "ande, ande, ande, ley de dependencia", seguido por "ande, ande, ande, esto es una vergüenza".
Al ritmo de canciones navideñas, los manifestantes han criticado que "Valencia tiene eventos, carreras y regatas, pero a los de la dependencia nos tratan como ratas".
El coordinador de la plataforma por la ley de dependencia de Valencia, Jaime Esteban, ha reclamado que la Generalitat la "aplicación acelerada de la normativa" en esa materia, ya que, según ha señalado, "estamos a la cola del estado español, lo que provoca que estemos discriminados".
En la protesta, que ha comenzado delante de la Conselleria de Bienestar Social y ha finalizado delante del Palau de la Generalitat, han estado presente el líder del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, la secretaria general de la provincia de Valencia del PSPV, Carmen Martínez, la portavoz del grupo municipal socialista, Carmen Alborch y la portavoz del grupo parlamentario Compromís, Mónica Oltra.
Alarte ha afirmado que "hay muchas razonas para que Camps abandone las instituciones" y ha explicado que debe hacerlo "por dignidad a los hacia los más de 13.000 solicitantes de la ley de dependencia que han muerto en la Comunidad sin que nadie les atienda".
El líder del PSPV ha denunciado que el presidente de la Generalitat y el PP "no pueden establecer un boicot y una negativa política a que los ciudadanos disfruten de sus derechos" y ha sentenciado que Camps "deja en la estacada a los valencianos más débiles".
Alborch ha firmado que el PPCV ha convertido a la Comunidad Valenciana en el "gran agujero de la dependencia" y ha indicado que en la ciudad de Valencia hay más 8.000 solicitudes y "solo 920 prestaciones reconocidas".
Por su parte, Oltra ha declarado que "es una poca vergüenza que haya dinero para las lujos del gobierno valenciano, como trajes y bolsos, y no para aquello que pagamos con nuestros impuestos".
sábado, 12 de diciembre de 2009
VERGONYA
* ELPAIS.com >
* Sociedad
Seis Comunidades suspenden en la aplicación de la Ley de Dependencia
Canarias, la Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid y Baleares no pasan de un 3 sobre 10
CARMEN MORÁN - San Juan de Alcázar - 12/12/2009
Seis comunidades, más las ciudades de Ceuta y Melilla (ambas gestionadas por el Gobierno) suspenden en la gestión y aplicación de la Ley de Dependencia que cada semestre evalúa la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Ninguna de ellas alcanza el 5 en una escala de 10. Y dos comunidades más, aunque aprobadas, no llegan a la media que se obtiene entre la calificación de todas: un 5,9.
A la cola están Canarias, la Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid, seguidas de Baleares que obtiene un 3 y Extremadura, un 4. Las que mejor nota sacan son Andalucía, Castilla-La Mancha, País Vasco, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Navarra, todas con un notable, las tres primeras, un 8.
El Observatorio de la Dependencia de esta asociación, reunido hoy en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha valorado, entre otros criterios el número de personas dependientes que cuentan ya con una ayuda en relación a la población o la aportación económica de las comunidades por habitante y año, así como el número de personas de las que ya se conoce su grado de dependencia, las buenas prácticas implantadas para la gestión de la ley o la integración de la red local de servicios sociales.
La Asociación considera que "hay avances significativos en la implantación del sistema de Dependencia, algo que se observa con claridad en varias comunidades una vez salvados los obstáculos iniciales, pero constata con preocupación que una tercera parte de los españoles viven en comunidades donde existe un falta de voluntad institucional para implantar esta ley".
Su presidente, José Manuel Ramírez, opina que el problema de financiación "no es tanto una cuestión del volumen total de recursos como de los criterios que usa el Gobierno para distribuir ese dinero entre las comunidades autónomas". Y lamenta que hay comunidades que no sólo no aportan lo que debieran por ley, sino que "podrían estar generando ingresos extraordinarios gracias a la financiación que reciben del Estado, como es el caso de Canarias". "Deben incorporarse cuanto antes mecanismos de control sobre la financiación de las comunidades", ha dicho.
Ramírez también se ha referido al "limbo de la Dependencia", es decir, la lista de espera de ciudadanos que habiendo sido reconocidos como beneficiarios de una ayuda aún no la están percibiendo, más de 253.000 personas en esa circunstancia.
La Asociación considera preciso mejorar "el escaso desarrollo de la ayuda a domicilio para los dependientes, así como una buena coordinación con las entidades locales para el desarrollo de la ley, algo que permitiría un seguimiento de la eficacia de las ayudas que ya se están percibiendo". Los miembros del observatorio se mostraron preocupados por las muchas ayudas al cuidador familiar que se están prescribiendo, cuando la ley considera que deben ser algo excepcional.
Sin embargo, opinan que la valoración de los dependientes están funcionando, puesto que casi un 90% de las personas que han solicitado una ayuda ya han sido valoradas. "Llama la atención que el Ministerio de Sanidad y Política Social plantee ahora, tres años después del arranque de la ley, una reforma del procedimiento de valoración, precisamente lo que mejor funciona", ha criticado Ramírez.
* Sociedad
Seis Comunidades suspenden en la aplicación de la Ley de Dependencia
Canarias, la Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid y Baleares no pasan de un 3 sobre 10
CARMEN MORÁN - San Juan de Alcázar - 12/12/2009
Seis comunidades, más las ciudades de Ceuta y Melilla (ambas gestionadas por el Gobierno) suspenden en la gestión y aplicación de la Ley de Dependencia que cada semestre evalúa la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Ninguna de ellas alcanza el 5 en una escala de 10. Y dos comunidades más, aunque aprobadas, no llegan a la media que se obtiene entre la calificación de todas: un 5,9.
A la cola están Canarias, la Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid, seguidas de Baleares que obtiene un 3 y Extremadura, un 4. Las que mejor nota sacan son Andalucía, Castilla-La Mancha, País Vasco, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Navarra, todas con un notable, las tres primeras, un 8.
El Observatorio de la Dependencia de esta asociación, reunido hoy en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha valorado, entre otros criterios el número de personas dependientes que cuentan ya con una ayuda en relación a la población o la aportación económica de las comunidades por habitante y año, así como el número de personas de las que ya se conoce su grado de dependencia, las buenas prácticas implantadas para la gestión de la ley o la integración de la red local de servicios sociales.
La Asociación considera que "hay avances significativos en la implantación del sistema de Dependencia, algo que se observa con claridad en varias comunidades una vez salvados los obstáculos iniciales, pero constata con preocupación que una tercera parte de los españoles viven en comunidades donde existe un falta de voluntad institucional para implantar esta ley".
Su presidente, José Manuel Ramírez, opina que el problema de financiación "no es tanto una cuestión del volumen total de recursos como de los criterios que usa el Gobierno para distribuir ese dinero entre las comunidades autónomas". Y lamenta que hay comunidades que no sólo no aportan lo que debieran por ley, sino que "podrían estar generando ingresos extraordinarios gracias a la financiación que reciben del Estado, como es el caso de Canarias". "Deben incorporarse cuanto antes mecanismos de control sobre la financiación de las comunidades", ha dicho.
Ramírez también se ha referido al "limbo de la Dependencia", es decir, la lista de espera de ciudadanos que habiendo sido reconocidos como beneficiarios de una ayuda aún no la están percibiendo, más de 253.000 personas en esa circunstancia.
La Asociación considera preciso mejorar "el escaso desarrollo de la ayuda a domicilio para los dependientes, así como una buena coordinación con las entidades locales para el desarrollo de la ley, algo que permitiría un seguimiento de la eficacia de las ayudas que ya se están percibiendo". Los miembros del observatorio se mostraron preocupados por las muchas ayudas al cuidador familiar que se están prescribiendo, cuando la ley considera que deben ser algo excepcional.
Sin embargo, opinan que la valoración de los dependientes están funcionando, puesto que casi un 90% de las personas que han solicitado una ayuda ya han sido valoradas. "Llama la atención que el Ministerio de Sanidad y Política Social plantee ahora, tres años después del arranque de la ley, una reforma del procedimiento de valoración, precisamente lo que mejor funciona", ha criticado Ramírez.
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