Sábado 27 de marzo de 2010
Informacion.es » Opinión
No me puedo callar
EMILIO MARMANEU MOLINER
Hace escasamente tres años se aprobó una de las leyes más importantes que ha tenido este país en mucho tiempo: la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, más conocida como "Ley de la Dependencia".
Esta ley estaba llamada a ser el cuarto pilar del Estado del Bienestar pero, a día de hoy, algunas comunidades autónomas están interesadas en posponer su aplicación argumentando motivos económicos. Esta situación plantea una discriminación social propia de ciudadanos españoles de primera, segunda e, incluso de tercera clase, en función de su lugar de residencia.
Nadie elige ser dependiente; pero la realidad es que en España, actualmente hay más de 2 millones de personas, de las que 800.000 sufren la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Estos ciudadanos precisan de ayudas y apoyo para poder desarrollar una vida digna, y con este objetivo se fraguó esta ley, garantizando la igualdad y la equidad en el acceso a los recursos.
Ante esta injusticia, no me puedo estar callado. La Ley de la Dependencia es una norma estatal de aplicación autonómica. Las comunidades autónomas son también Estado, y su obligación es dar la cobertura suficiente y adecuada a sus ciudadanos, y, para ello, han de ser capaces de optimizar y racionalizar los recursos disponibles. Es inadmisible argumentar "motivos económicos" para retrasar su implantación cuando somos testigos de cómo los gobiernos autonómicos destinan ingentes dotaciones presupuestarias a otros asuntos más vistosos y superfluos, con meros fines electorales.
No me quiero callar. Por todo ello, y a pesar de que en algunos puntos de la geografía española sus dirigentes se empeñen en lo contrario, desde la Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias queremos apoyar a todas las personas susceptibles de acogerse a los beneficios y recursos de esta ley, de modo que vean reconocidos sus derechos y satisfechas sus necesidades sin importar su sexo, edad, condición social o lugar de residencia.
martes, 30 de marzo de 2010
Jueves 25 de marzo de 2010
Información.es » Alicante
El Consell cifra en 22.000 los dependientes que tienen derecho a ser asistidos
Diez mil personas en la provincia cuentan con alguno de los servicios que contempla la norma
Angélica Such conversa con uno de los ponentes que participaron ayer en la mesa redonda celebrada en el Club INFORMACION. ANTONIO AMORÓS
MULTIMEDIA
Fotos de la noticia
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"Estamos obligados a resolver todos los expedientes". Alicante
PINO ALBEROLA
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, cifró ayer en 22.000 las personas que en la provincia tienen reconocido el derecho a ser asistidos por la Ley de Dependencia. De ellos, "10.000 tienen asignado" ya alguno de los servicios que contempla la Ley. Such hizo estas declaraciones en el transcurso de la mesa redonda "La Ley de Dependencia en la provincia de Alicante. ¿Se han cumplido las expectativas?", que se celebró en el marco del ciclo que con motivo de los tres años de la Ley están desarrollando el Club INFORMACIÓN y Novaire. El acto de ayer también contó con la participación de Albert Vergés, director de la Fundación Edad y Vida; Joan Planelles, presidente de Cermi Comunidad Valenciana; y Guillermo Bell, director general de Novaire.Angélica Such aseguró que las cifras en la provincia de Alicante se ajustan a las del conjunto de la Comunidad Valenciana, "donde de las 60.000 solicitudes que tienen establecido el derecho, 30.300 cuentan con el servicio en vigor". Ante un salón de actos abarrotado, la consellera hizo un recorrido por estos tres años de desarrollo de la Ley para remarcar "las complicaciones" que ha tenido su aplicación a lo largo de este tiempo. "Fue una ley precipitada en su aprobación, apenas tuvimos tiempo las comunidades autónomas de estructurar el sistema para su implantación". En opinión de Such, "tampoco se informó adecuadamente de que había un calendario para aplicar la Ley", por lo que en un principio "se generó una avalancha de solicitudes". Paralelamente, "la Ley nació en un momento en el que la coyuntura económica era muy diferente a la de su aplicación". En cuanto a la financiación, en opinión de Such, "tampoco es la adecuada. En teoría debería ser al 50% entre Gobierno y comunidades y no es así. Además, ésta se otorga en función del grado y no del recurso y no debería ser así".Con todos estos factores sobre la mesa, en opinión de Angélica Such, "la Ley hizo nacer unas expectativas que no se han visto cumplidas, lo que ha generado problemas y frustraciones" en las personas dependientes. Entre las medidas para hacer frente a esta situación, "el año pasado se produjo un cambio sustancial, con un incremento del 80% en el número de resoluciones". Además, "se ha establecido una red de atención a la dependencia con 117 servicios, 43 de ellos en Alicante". La consellera también anunció la puesta en marcha para los próximos meses "de una herramienta informática para que los dependientes sepan en todo momento en qué situación se encuentra su expediente". En cuanto a los presupuestos del Consell, asegura que el destinado a la Ley de Dependencia "ha crecido un 22%". Por último, Such se refirió "al trabajo que estamos desarrollando con asociaciones, entidades sociales, empresas y organizaciones sindicales" para la elaboración del borrador que modifique la norma "y que contemplará aspectos como la retroactividad, la norma de tramitación... que la Ley en un principio no contemplaba y que se ha ido viendo que eran necesarios".
Jueves 25 de marzo de 2010
Información.es » Alicante
´Estamos obligados a resolver todos los expedientes´
Tras el fallo del TSJ sobre la retroactividad, Such cree que es prematuro establecer un criterio extensivo a otras solicitudes
En primer término, la edil socialista Laura Soler. antonio amorÓs
P. A.
Tras la intervención de la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, se leyeron algunas de las preguntas que el público había formulado por escrito. El resto de las numerosas preguntas planteadas por los asistentes que no pudieron ser atendidas ayer serán contestadas en los próximos días por la Conselleria de Bienestar Social y publicadas en las páginas web de Novaire y del Club INFORMACIÓN.
Tras la sentencia del TSJ que obliga a Bienestar Social a pagar la retroactividad, ¿se va a aplicar a otros expedientes? Es prematuro establecer un criterio extensivo al resto de solicitudes. Además, la sentencia, si bien reconoce el derecho a cobrar la retroactividad, establece que la normativa autonómica no vulnera la Ley
¿Cuándo se van a poner en marcha los servicios de ayuda a domicilio y de asistencia personal? Estamos pendientes de que los agentes sociales nos hagan sus aportaciones y en cuanto tengamos la normativa ultimada, se pondrá en vigor.
¿En qué plazo entrará en vigor la modificación de la norma? ¿Afectará a los expedientes anteriores? La norma afectará desde su entrada en vigor en adelante. En estos momentos estamos en la fase final de recibir las alegaciones de los agentes sociales y de llegar a un consenso entre todos.
Sobre el silencio negativo en algunos expedientes. El silencio negativo no quiere decir que la Administración no resuelva los expedientes. Las solicitudes necesitan de una tramitación, pero eso no quiere decir que la persona no vaya a recibir el recurso porque en un plazo determinado no le hayamos contestado. En la Generalitat estamos obligados a resolver todos los expedientes.
A la vista de las cifras de la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana, ¿la Generalitat carece de los recursos necesarios? ¿No será esto un boicot a la Ley? Las cifras son las que son. La Comunidad Valenciana es la séptima autonomía en número de resoluciones. Cuando se habla de boicot no es real. En la Comunidad Valenciana, antes de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, ya había un sistema de atención a los discapacitados de los más satisfactorios. Por tanto, hacer un análisis de la situación basado en el boicot es una demagogia.
Jueves 25 de marzo de 2010
Información.es » Elche
La plataforma por la Ley de la Dependencia hará cada mes concentraciones
El colectivo decide seguir presionando a la Generalitat y prepara un gran acto lúdico y festivo para el 13 de junio
REDACCION
La Plataforma de la Ley de Dependencia se reunió anteayer para coordinar las actividades a llevar a cabo para presionar a la Generalitat a que desarrolle plenamente la Ley de la Dependencia en nuestra Comunidad. En este sentido, se mostró la satisfacción por el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que ha dictado la primera sentencia reconociendo el derecho del dependiente a la retroactividad.
Además, se acordó realizar concentraciones mensuales, comenzando en el mes de abril, reivindicando todos aquellos asuntos que continúan pendientes, así como la organización de un día festivo-reivindicativo que llevará el nombre de "Gran Acto Naranja" y que se anuncia en la Rotonda del Parque Municipal el próximo día 13 de Junio.
25.03.10 - 02:43 -
Las Provincias
>
Noticias La Ribera - La Costera - La Vall - La Canal
CORBERA
Presentan la plataforma por la dependencia
25.03.10 - 02:43 -
REDACCIÓN.
La Cámara Agraria de Corbera acogió recientemente la charla-presentación de la plataforma de la Ribera por la ley de la dependencia. Tras la celebración de este acto, como otros que tuvieron lugar en Villanueva de Castellón, Albalat y Carlet, habrá otras en municipios de la comarca pendientes de determinar. El objetivo del colectivo es informar de la situación de esta ley y la necesidad de exigir su cumplimiento estricto.
25 marzo 2010
Las Provincias
>
Noticias Alicante
Alicante
El PSOE se opone a la moratoria de dos años para aplicar la Ley de Dependencia
25.03.10 - 02:32 -
C. M. A. ALICANTE.
El PSOE lamentó ayer que la Generalitat pretenda llevar a cabo una moratoria de dos años en la aplicación de la Ley de la Dependencia. Para la edil socialista, Laura Soler, es «indignante que Camps pretenda recortar gastos y reducir el déficit público a costa de los más débiles. Retrasar durante dos años la aplicación de esta ley, perjudicará a los más necesitados, mientras el Consell no duda en gastar en cuestiones como el circuito de Fórmula 1».
La concejal también denunció la «hipocresía» de la alcaldesa y de su equipo de Gobierno que suscribió la moción socialista para instar a la Generalitat a una correcta aplicación de la normativa en la ciudad, mientras ahora «no es capaz de alzar la voz» para defender los derechos de los dependientes.
«En tiempos de crisis los dependientes necesitan más ayuda que nunca, pero el PP prefiere mantener actividades para grupos de elite, ofreciendo a la ciudadanía 'pan y circo' en lugar de priorizar las soluciones a los problemas de quienes más lo necesitan, que son además los más vulnerables».
Información.es » Alicante
El Consell cifra en 22.000 los dependientes que tienen derecho a ser asistidos
Diez mil personas en la provincia cuentan con alguno de los servicios que contempla la norma
Angélica Such conversa con uno de los ponentes que participaron ayer en la mesa redonda celebrada en el Club INFORMACION. ANTONIO AMORÓS
MULTIMEDIA
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"Estamos obligados a resolver todos los expedientes". Alicante
PINO ALBEROLA
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, cifró ayer en 22.000 las personas que en la provincia tienen reconocido el derecho a ser asistidos por la Ley de Dependencia. De ellos, "10.000 tienen asignado" ya alguno de los servicios que contempla la Ley. Such hizo estas declaraciones en el transcurso de la mesa redonda "La Ley de Dependencia en la provincia de Alicante. ¿Se han cumplido las expectativas?", que se celebró en el marco del ciclo que con motivo de los tres años de la Ley están desarrollando el Club INFORMACIÓN y Novaire. El acto de ayer también contó con la participación de Albert Vergés, director de la Fundación Edad y Vida; Joan Planelles, presidente de Cermi Comunidad Valenciana; y Guillermo Bell, director general de Novaire.Angélica Such aseguró que las cifras en la provincia de Alicante se ajustan a las del conjunto de la Comunidad Valenciana, "donde de las 60.000 solicitudes que tienen establecido el derecho, 30.300 cuentan con el servicio en vigor". Ante un salón de actos abarrotado, la consellera hizo un recorrido por estos tres años de desarrollo de la Ley para remarcar "las complicaciones" que ha tenido su aplicación a lo largo de este tiempo. "Fue una ley precipitada en su aprobación, apenas tuvimos tiempo las comunidades autónomas de estructurar el sistema para su implantación". En opinión de Such, "tampoco se informó adecuadamente de que había un calendario para aplicar la Ley", por lo que en un principio "se generó una avalancha de solicitudes". Paralelamente, "la Ley nació en un momento en el que la coyuntura económica era muy diferente a la de su aplicación". En cuanto a la financiación, en opinión de Such, "tampoco es la adecuada. En teoría debería ser al 50% entre Gobierno y comunidades y no es así. Además, ésta se otorga en función del grado y no del recurso y no debería ser así".Con todos estos factores sobre la mesa, en opinión de Angélica Such, "la Ley hizo nacer unas expectativas que no se han visto cumplidas, lo que ha generado problemas y frustraciones" en las personas dependientes. Entre las medidas para hacer frente a esta situación, "el año pasado se produjo un cambio sustancial, con un incremento del 80% en el número de resoluciones". Además, "se ha establecido una red de atención a la dependencia con 117 servicios, 43 de ellos en Alicante". La consellera también anunció la puesta en marcha para los próximos meses "de una herramienta informática para que los dependientes sepan en todo momento en qué situación se encuentra su expediente". En cuanto a los presupuestos del Consell, asegura que el destinado a la Ley de Dependencia "ha crecido un 22%". Por último, Such se refirió "al trabajo que estamos desarrollando con asociaciones, entidades sociales, empresas y organizaciones sindicales" para la elaboración del borrador que modifique la norma "y que contemplará aspectos como la retroactividad, la norma de tramitación... que la Ley en un principio no contemplaba y que se ha ido viendo que eran necesarios".
Jueves 25 de marzo de 2010
Información.es » Alicante
´Estamos obligados a resolver todos los expedientes´
Tras el fallo del TSJ sobre la retroactividad, Such cree que es prematuro establecer un criterio extensivo a otras solicitudes
En primer término, la edil socialista Laura Soler. antonio amorÓs
P. A.
Tras la intervención de la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, se leyeron algunas de las preguntas que el público había formulado por escrito. El resto de las numerosas preguntas planteadas por los asistentes que no pudieron ser atendidas ayer serán contestadas en los próximos días por la Conselleria de Bienestar Social y publicadas en las páginas web de Novaire y del Club INFORMACIÓN.
Tras la sentencia del TSJ que obliga a Bienestar Social a pagar la retroactividad, ¿se va a aplicar a otros expedientes? Es prematuro establecer un criterio extensivo al resto de solicitudes. Además, la sentencia, si bien reconoce el derecho a cobrar la retroactividad, establece que la normativa autonómica no vulnera la Ley
¿Cuándo se van a poner en marcha los servicios de ayuda a domicilio y de asistencia personal? Estamos pendientes de que los agentes sociales nos hagan sus aportaciones y en cuanto tengamos la normativa ultimada, se pondrá en vigor.
¿En qué plazo entrará en vigor la modificación de la norma? ¿Afectará a los expedientes anteriores? La norma afectará desde su entrada en vigor en adelante. En estos momentos estamos en la fase final de recibir las alegaciones de los agentes sociales y de llegar a un consenso entre todos.
Sobre el silencio negativo en algunos expedientes. El silencio negativo no quiere decir que la Administración no resuelva los expedientes. Las solicitudes necesitan de una tramitación, pero eso no quiere decir que la persona no vaya a recibir el recurso porque en un plazo determinado no le hayamos contestado. En la Generalitat estamos obligados a resolver todos los expedientes.
A la vista de las cifras de la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana, ¿la Generalitat carece de los recursos necesarios? ¿No será esto un boicot a la Ley? Las cifras son las que son. La Comunidad Valenciana es la séptima autonomía en número de resoluciones. Cuando se habla de boicot no es real. En la Comunidad Valenciana, antes de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, ya había un sistema de atención a los discapacitados de los más satisfactorios. Por tanto, hacer un análisis de la situación basado en el boicot es una demagogia.
Jueves 25 de marzo de 2010
Información.es » Elche
La plataforma por la Ley de la Dependencia hará cada mes concentraciones
El colectivo decide seguir presionando a la Generalitat y prepara un gran acto lúdico y festivo para el 13 de junio
REDACCION
La Plataforma de la Ley de Dependencia se reunió anteayer para coordinar las actividades a llevar a cabo para presionar a la Generalitat a que desarrolle plenamente la Ley de la Dependencia en nuestra Comunidad. En este sentido, se mostró la satisfacción por el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que ha dictado la primera sentencia reconociendo el derecho del dependiente a la retroactividad.
Además, se acordó realizar concentraciones mensuales, comenzando en el mes de abril, reivindicando todos aquellos asuntos que continúan pendientes, así como la organización de un día festivo-reivindicativo que llevará el nombre de "Gran Acto Naranja" y que se anuncia en la Rotonda del Parque Municipal el próximo día 13 de Junio.
25.03.10 - 02:43 -
Las Provincias
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CORBERA
Presentan la plataforma por la dependencia
25.03.10 - 02:43 -
REDACCIÓN.
La Cámara Agraria de Corbera acogió recientemente la charla-presentación de la plataforma de la Ribera por la ley de la dependencia. Tras la celebración de este acto, como otros que tuvieron lugar en Villanueva de Castellón, Albalat y Carlet, habrá otras en municipios de la comarca pendientes de determinar. El objetivo del colectivo es informar de la situación de esta ley y la necesidad de exigir su cumplimiento estricto.
25 marzo 2010
Las Provincias
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Alicante
El PSOE se opone a la moratoria de dos años para aplicar la Ley de Dependencia
25.03.10 - 02:32 -
C. M. A. ALICANTE.
El PSOE lamentó ayer que la Generalitat pretenda llevar a cabo una moratoria de dos años en la aplicación de la Ley de la Dependencia. Para la edil socialista, Laura Soler, es «indignante que Camps pretenda recortar gastos y reducir el déficit público a costa de los más débiles. Retrasar durante dos años la aplicación de esta ley, perjudicará a los más necesitados, mientras el Consell no duda en gastar en cuestiones como el circuito de Fórmula 1».
La concejal también denunció la «hipocresía» de la alcaldesa y de su equipo de Gobierno que suscribió la moción socialista para instar a la Generalitat a una correcta aplicación de la normativa en la ciudad, mientras ahora «no es capaz de alzar la voz» para defender los derechos de los dependientes.
«En tiempos de crisis los dependientes necesitan más ayuda que nunca, pero el PP prefiere mantener actividades para grupos de elite, ofreciendo a la ciudadanía 'pan y circo' en lugar de priorizar las soluciones a los problemas de quienes más lo necesitan, que son además los más vulnerables».
sábado, 27 de marzo de 2010
LEY DE DEPENDENCIA: ¿BOICOT O DEMAGOGIA?
Sra. Consellera Dª Angélica Such:
El pasado miércoles asistí a la charla sobre la Ley de Dependencia organizada por el Club Información y Novaire, en la que usted participó.
Como afectada y familiar de una persona gran dependiente, contemplé atónita e indignada sus argumentos sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en nuestra Comunidad Valenciana.
Según usted, los fallos en su aplicación se deben a que se trata de una Ley muy compleja, que la financiación estatal no es la suficiente, y que estamos en época de crisis.
Sin embargo, a pesar de todo ello, intenta convencer al auditorio que la Consellería de Bienestar Social está haciendo todo lo posible para agilizarla, que las valoraciones están prácticamente al día y que “los expedientes tienen nombres y apellidos”.
Ante la pregunta sobre la carencia de recursos y el posible boicot en la Comunidad Valenciana realizada por un miembro de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de Alicante, usted respondió, visiblemente molesta, que hablar de boicot es hacer demagogia.
Pero yo tengo otra opinión sobre lo que es hacer demagogia, que no tuve oportunidad de poder expresar, ya que el turno de palabras era cerrado y por escrito:
__ Hacer demagogia es decir que antes de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia ya había un sistema de atención a los discapacitados “de los más satisfactorios”.
Le recuerdo que en Alicante ciudad, solamente hay UN CENTRO OCUPACIONAL para toda la población con discapacidad psíquica mayor de 18 años, y que pertenece a APSA, solamente hay UN COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL público, que solamente hay UN CENTRO DE DÍA/RESIDENCIA PARA AUTISTAS, de titularidad privada, y UN CENTRO PARA PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL, también de titularidad privada, que NO HAY ni un solo Centro de Día o Residencia para Discapacitados Físicos gravemente afectados, ni tampoco para personas con daño cerebral.
Le recuerdo que antes de la implantación de la Ley se tardaba AÑOS en obtener plaza en el único Centro Ocupacional que le menciono.
__ Hacer demagogia es rechazar los datos aportados sobre la implantación de la Ley en la Comunidad Valenciana.
Le recuerdo que esos datos salen de las estadísticas del IMSERSO, y que son volcados por cada Comunidad Autónoma. Es decir, está en desacuerdo con los propios datos que ustedes mismos han aportado.
__ Hacer demagogia es decir que el silencio administrativo no se aplica en realidad, y que la Consellería está obligada a resolver todos los expedientes.
Le recuerdo que todavía hay miles de personas dependientes que presentaron su solicitud en 2007 y que a día de hoy, después de TRES AÑOS, todavía están esperando. Muchas de ellas han muerto.
__Hacer demagogia es prometer que se van a poner los medios y recursos necesarios para agilizar la implantación de la Ley de Dependencia.
Sobre todo cuando Gerardo Camps, el Conseller de Economía y Hacienda, está planteando ¡una moratoria de dos años! Escudándose en que no hay financiación suficiente para su aplicación.
¿Es que no hemos esperado ya bastante las personas dependientes?
Le recuerdo a la Consellera que el diccionario de la Real Academia define la palabra boicotear como “excluir a una persona” , “impedir o entorpecer la realización de un acto o un proceso”
Y así es como nos sentimos las personas dependientes y sus familias: EXCLUIDOS, IMPEDIDOS, ENTORPECIDOS…
Por eso, considero imprescindible que se utilicen las palabras en su justo significado, porque cuando las palabras se vacían de su contenido real, entonces estamos haciendo demagogia.
LLANOS RODRÍGUEZ EXPÓSITO. DNI 5147191K C/ PRIMAVERA, 20. 5º D CP03012
ALICANTE. TF. 653857936
Sra. Consellera Dª Angélica Such:
El pasado miércoles asistí a la charla sobre la Ley de Dependencia organizada por el Club Información y Novaire, en la que usted participó.
Como afectada y familiar de una persona gran dependiente, contemplé atónita e indignada sus argumentos sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en nuestra Comunidad Valenciana.
Según usted, los fallos en su aplicación se deben a que se trata de una Ley muy compleja, que la financiación estatal no es la suficiente, y que estamos en época de crisis.
Sin embargo, a pesar de todo ello, intenta convencer al auditorio que la Consellería de Bienestar Social está haciendo todo lo posible para agilizarla, que las valoraciones están prácticamente al día y que “los expedientes tienen nombres y apellidos”.
Ante la pregunta sobre la carencia de recursos y el posible boicot en la Comunidad Valenciana realizada por un miembro de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de Alicante, usted respondió, visiblemente molesta, que hablar de boicot es hacer demagogia.
Pero yo tengo otra opinión sobre lo que es hacer demagogia, que no tuve oportunidad de poder expresar, ya que el turno de palabras era cerrado y por escrito:
__ Hacer demagogia es decir que antes de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia ya había un sistema de atención a los discapacitados “de los más satisfactorios”.
Le recuerdo que en Alicante ciudad, solamente hay UN CENTRO OCUPACIONAL para toda la población con discapacidad psíquica mayor de 18 años, y que pertenece a APSA, solamente hay UN COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL público, que solamente hay UN CENTRO DE DÍA/RESIDENCIA PARA AUTISTAS, de titularidad privada, y UN CENTRO PARA PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL, también de titularidad privada, que NO HAY ni un solo Centro de Día o Residencia para Discapacitados Físicos gravemente afectados, ni tampoco para personas con daño cerebral.
Le recuerdo que antes de la implantación de la Ley se tardaba AÑOS en obtener plaza en el único Centro Ocupacional que le menciono.
__ Hacer demagogia es rechazar los datos aportados sobre la implantación de la Ley en la Comunidad Valenciana.
Le recuerdo que esos datos salen de las estadísticas del IMSERSO, y que son volcados por cada Comunidad Autónoma. Es decir, está en desacuerdo con los propios datos que ustedes mismos han aportado.
__ Hacer demagogia es decir que el silencio administrativo no se aplica en realidad, y que la Consellería está obligada a resolver todos los expedientes.
Le recuerdo que todavía hay miles de personas dependientes que presentaron su solicitud en 2007 y que a día de hoy, después de TRES AÑOS, todavía están esperando. Muchas de ellas han muerto.
__Hacer demagogia es prometer que se van a poner los medios y recursos necesarios para agilizar la implantación de la Ley de Dependencia.
Sobre todo cuando Gerardo Camps, el Conseller de Economía y Hacienda, está planteando ¡una moratoria de dos años! Escudándose en que no hay financiación suficiente para su aplicación.
¿Es que no hemos esperado ya bastante las personas dependientes?
Le recuerdo a la Consellera que el diccionario de la Real Academia define la palabra boicotear como “excluir a una persona” , “impedir o entorpecer la realización de un acto o un proceso”
Y así es como nos sentimos las personas dependientes y sus familias: EXCLUIDOS, IMPEDIDOS, ENTORPECIDOS…
Por eso, considero imprescindible que se utilicen las palabras en su justo significado, porque cuando las palabras se vacían de su contenido real, entonces estamos haciendo demagogia.
LLANOS RODRÍGUEZ EXPÓSITO. DNI 5147191K C/ PRIMAVERA, 20. 5º D CP03012
ALICANTE. TF. 653857936
martes, 23 de marzo de 2010
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Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana
Sentencia
El TSJ obliga a pagar la ayuda de la dependencia con retroactividad
La primera sentencia que se dicta en la Comunitat Valenciana no exige que se justifique la existencia del cuidador familiar y da por hecho que la afectada recibía la atención antes de la solicitud
01:48
mVotAux ) {
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Amparo y Venancio con su hija Emilia, de 38 años, a la que han dedicado toda su vida. fernando bustamante
PILAR G. DEL BURGO VALENCIA Los magistrados de la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ-CV han dictado la primera sentencia autonómica en la que se reconoce a una afectada severa el derecho a cobrar la prestación de la dependencia del cuidador familiar desde el día de presentación de la solicitud, no desde la fecha de la resolución administrativa que le autorizaba al cobro de la ayuda, que llegó quince meses más tarde.El fallo judicial es un garrotazo a la política de la Conselleria de Bienestar Social de denegar sistemáticamente las peticiones de aplicación retroactiva del derechos a percibir una prestación que reconoce la Ley de la Dependencia.El pronunciamiento judicial desautoriza, a su vez, dos normativas legales de la Generalitat Valenciana: el decreto 171/2007 del Consell y el artículo 21 de la orden de 5 de diciembre de 2007 de la Conselleria de Bienestar Social que establecen "una fecha de efectos del derecho posterior a la fijada en la disposición final primera de la ley 39/2006 (de la dependencia)", según se recoge en los fundamentos de derecho.El tribunal argumenta su decisión al observar que "la persona dependiente ya era beneficiaria de los servicios contemplados en la ley con anterioridad incluso a la fecha de presentación de la solicitud". De hecho, a María Emilia Martín Gil, de 38 años, se le reconoció una situación de dependencia en grado 3 y nivel 2 -la máxima-, ya que tiene una discapacidad de un 90% y un retraso mental severo por parálisis cerebral por sufrimiento fetal perinatal.Detrás de este resultado final está la persistencia y el coraje de Diego Martín Gil, de 32 años, hermano de Emilia, que tras agotar la vía administrativa que concluyó con la denegación del derecho por parte del entonces conseller de Bienestar Social Juan Cotino se arriesgó a acudir a los tribunales para plantear su reivindicación.Dos mil casosLa letrada María Luisa Mena Durán, que fue la representante legal de la familia Martin Gil, lleva en estos momentos otros dos procedimientos judiciales similares, aunque los dependientes que son atendidos por cuidadores familiares que podrían solicitar el pago retroactivo de la ayuda podría llegar a los dos mil, según expresó a Levante-EMV el presidente del Cermi, Joan Planells quien manifestó que la sentencia tenía un sabor agridulce. "Nos alegra ver que se reconocen unos derechos que hemos reivindicado y que la justicia nos haya ha dado la razón, pero lamento que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de gran cantidad de personas que, por carecer de recursos, o no haber seguido el procedimiento administrativo y judicial se quedarán sin lo que les corresponde por ley", expresó Planells.Un elemento determinante que ha hecho posible este final de justicia de un procedimiento que comenzó el 12 de febrero de 2007 cuando la familia Martín Gil presentó la solicitud fue la sagacidad de Diego -que se encargó de realizar todo el trámite- al negarse a firmar la conformidad de la prestación cuando se la autorizaron, en mayo de 2008."Mis padres le han dedicado toda su vida""La fuerza para seguir adelante con el procedimiento y no rendirme la sacaba de mis padres y de mi hermana, después de tantos años de ver como han luchado por ella; toda la vida se la han dedicado a mi hermana, no han tenido más vida que cuidarla", expresaba a Levante-EMV Diego Martín Gil, el hermano menor de Emilia que fue quien peleó con todo el trámite administrativo hasta hacer posible un derecho que la Conselleria de Bienestar Social les negó reiteradamente."Verlos sufrir era lo que me activaba para seguir y exigir el reconocimiento de una persona que está en esta situación", agregó Diego que refirió que cuando conoció el fallo judicial rompió a llorar. "Se me metió en la cabeza que tenía que seguir adelante y en en este tiempo me he guiado siempre por los recortes de Levante-EMV y a base de informarme a través del periódico, sabía lo que tenía que hacer", añadió el hermano de Emilia, satisfecho de que a su madre Amparo, que es la que figura como cuidadora familiar le vayan a abonar 15 mensualidades que hubieran perdido.
Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana
Sentencia
El TSJ obliga a pagar la ayuda de la dependencia con retroactividad
La primera sentencia que se dicta en la Comunitat Valenciana no exige que se justifique la existencia del cuidador familiar y da por hecho que la afectada recibía la atención antes de la solicitud
01:48
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Amparo y Venancio con su hija Emilia, de 38 años, a la que han dedicado toda su vida. fernando bustamante
PILAR G. DEL BURGO VALENCIA Los magistrados de la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ-CV han dictado la primera sentencia autonómica en la que se reconoce a una afectada severa el derecho a cobrar la prestación de la dependencia del cuidador familiar desde el día de presentación de la solicitud, no desde la fecha de la resolución administrativa que le autorizaba al cobro de la ayuda, que llegó quince meses más tarde.El fallo judicial es un garrotazo a la política de la Conselleria de Bienestar Social de denegar sistemáticamente las peticiones de aplicación retroactiva del derechos a percibir una prestación que reconoce la Ley de la Dependencia.El pronunciamiento judicial desautoriza, a su vez, dos normativas legales de la Generalitat Valenciana: el decreto 171/2007 del Consell y el artículo 21 de la orden de 5 de diciembre de 2007 de la Conselleria de Bienestar Social que establecen "una fecha de efectos del derecho posterior a la fijada en la disposición final primera de la ley 39/2006 (de la dependencia)", según se recoge en los fundamentos de derecho.El tribunal argumenta su decisión al observar que "la persona dependiente ya era beneficiaria de los servicios contemplados en la ley con anterioridad incluso a la fecha de presentación de la solicitud". De hecho, a María Emilia Martín Gil, de 38 años, se le reconoció una situación de dependencia en grado 3 y nivel 2 -la máxima-, ya que tiene una discapacidad de un 90% y un retraso mental severo por parálisis cerebral por sufrimiento fetal perinatal.Detrás de este resultado final está la persistencia y el coraje de Diego Martín Gil, de 32 años, hermano de Emilia, que tras agotar la vía administrativa que concluyó con la denegación del derecho por parte del entonces conseller de Bienestar Social Juan Cotino se arriesgó a acudir a los tribunales para plantear su reivindicación.Dos mil casosLa letrada María Luisa Mena Durán, que fue la representante legal de la familia Martin Gil, lleva en estos momentos otros dos procedimientos judiciales similares, aunque los dependientes que son atendidos por cuidadores familiares que podrían solicitar el pago retroactivo de la ayuda podría llegar a los dos mil, según expresó a Levante-EMV el presidente del Cermi, Joan Planells quien manifestó que la sentencia tenía un sabor agridulce. "Nos alegra ver que se reconocen unos derechos que hemos reivindicado y que la justicia nos haya ha dado la razón, pero lamento que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de gran cantidad de personas que, por carecer de recursos, o no haber seguido el procedimiento administrativo y judicial se quedarán sin lo que les corresponde por ley", expresó Planells.Un elemento determinante que ha hecho posible este final de justicia de un procedimiento que comenzó el 12 de febrero de 2007 cuando la familia Martín Gil presentó la solicitud fue la sagacidad de Diego -que se encargó de realizar todo el trámite- al negarse a firmar la conformidad de la prestación cuando se la autorizaron, en mayo de 2008."Mis padres le han dedicado toda su vida""La fuerza para seguir adelante con el procedimiento y no rendirme la sacaba de mis padres y de mi hermana, después de tantos años de ver como han luchado por ella; toda la vida se la han dedicado a mi hermana, no han tenido más vida que cuidarla", expresaba a Levante-EMV Diego Martín Gil, el hermano menor de Emilia que fue quien peleó con todo el trámite administrativo hasta hacer posible un derecho que la Conselleria de Bienestar Social les negó reiteradamente."Verlos sufrir era lo que me activaba para seguir y exigir el reconocimiento de una persona que está en esta situación", agregó Diego que refirió que cuando conoció el fallo judicial rompió a llorar. "Se me metió en la cabeza que tenía que seguir adelante y en en este tiempo me he guiado siempre por los recortes de Levante-EMV y a base de informarme a través del periódico, sabía lo que tenía que hacer", añadió el hermano de Emilia, satisfecho de que a su madre Amparo, que es la que figura como cuidadora familiar le vayan a abonar 15 mensualidades que hubieran perdido.
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Sociedad
Un juez reconoce el derecho a la ayuda por dependencia desde la solicitud
La sentencia corrige a la consejería valenciana de Bienestar Social, que sólo quería pagar a una enferma desde que resolvió su petición, 15 meses después de presentarla
EFE - Valencia - 23/03/2010
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Resultado 16 votos
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha reconocido el derecho de una enferma a percibir la prestación de la dependencia del cuidador familiar desde el día en que se presentó la solicitud de la ayuda, y no desde la fecha en la que la Consejería de Bienestar Social resolvió su concesión, 15 meses después. Esta sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a la que ha tenido acceso Efe, es la primera que obliga a la Administración valenciana a pagar con retroactividad la prestación que reconoce en estos casos la Ley de la Dependencia. La Comunidad Valenciana es la única que no paga la retroactividad de las ayudas desde la solicitud.
Las quejas por el retraso en la Ley de Dependencia saturan al Síndic
Retraso en el cobro de las ayudas a la Dependencia
La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
El fallo, de la sección quinta, estima en parte el recurso interpuesto por la familia de la paciente contra una de las resoluciones de la Consejería de Bienestar Social en este expediente. El tribunal anula parcialmente la resolución administrativa de la consejería, al estimar que es contraria a derecho, y declara como situación jurídica individualizada el derecho de la enferma a percibir el importe de tal prestación desde el 12 de febrero de 2007, fecha en la que su familia solicitó la ayuda. Ello supone que la Generalitat deberá abonar a la mujer que cuida a la enferma, su propia madre, 15 mensualidades correspondientes a los atrasos entre febrero de 2007 y mayo de 2008, más los intereses devengados. La ayuda es de 583 euros mensuales.
En febrero de 2007, el matrimonio Martín Gil, de Valencia, solicitó la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales debido a la situación de Emilia, una de sus hijas, que, con 38 años, sufre un retraso mental severo por parálisis cerebral derivado de un sufrimiento fetal perinatal. La mujer, que cuenta con una discapacidad del 90%, tiene reconocida una situación de dependencia en grado tres y de nivel dos.
En mayo de 2008, la Generalitat aprobó el Programa Individual de Atención a la joven, pero en una resolución posterior, de diciembre de ese mismo año, la Administración autónoma denegaba finalmente la prestación a la paciente dependiente, momento en el que su familia recurrió a los tribunales para tratar de obtener la ayuda.
En su sentencia, el TSJCV estima ahora que la prestación solicitada está "indefectiblemente unida" a la atención del dependiente, circunstancia que, según la resolución de Bienestar Social que desestimaba la aprobación de la ayuda, no consta debidamente acreditada en cuanto al momento de su inicio. Sin embargo, prosigue el tribunal, teniendo en cuenta que a Emilia se le reconoció la situación de dependencia en grado tres -gran dependencia- y nivel dos, "es forzoso concluir que con anterioridad incluso a la fecha de la presentación de la solicitud de ayuda, esta persona dependiente ya era beneficiaria de los servicios contemplados por esta normativa".
Por tanto, efectuada la solicitud de la ayuda el 12 de febrero de 2007, "debe tomarse tal fecha como la inicial del devengo de la prestación reconocida por la resolución impugnada", concluye el juez.
Sociedad
Un juez reconoce el derecho a la ayuda por dependencia desde la solicitud
La sentencia corrige a la consejería valenciana de Bienestar Social, que sólo quería pagar a una enferma desde que resolvió su petición, 15 meses después de presentarla
EFE - Valencia - 23/03/2010
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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha reconocido el derecho de una enferma a percibir la prestación de la dependencia del cuidador familiar desde el día en que se presentó la solicitud de la ayuda, y no desde la fecha en la que la Consejería de Bienestar Social resolvió su concesión, 15 meses después. Esta sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a la que ha tenido acceso Efe, es la primera que obliga a la Administración valenciana a pagar con retroactividad la prestación que reconoce en estos casos la Ley de la Dependencia. La Comunidad Valenciana es la única que no paga la retroactividad de las ayudas desde la solicitud.
Las quejas por el retraso en la Ley de Dependencia saturan al Síndic
Retraso en el cobro de las ayudas a la Dependencia
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El fallo, de la sección quinta, estima en parte el recurso interpuesto por la familia de la paciente contra una de las resoluciones de la Consejería de Bienestar Social en este expediente. El tribunal anula parcialmente la resolución administrativa de la consejería, al estimar que es contraria a derecho, y declara como situación jurídica individualizada el derecho de la enferma a percibir el importe de tal prestación desde el 12 de febrero de 2007, fecha en la que su familia solicitó la ayuda. Ello supone que la Generalitat deberá abonar a la mujer que cuida a la enferma, su propia madre, 15 mensualidades correspondientes a los atrasos entre febrero de 2007 y mayo de 2008, más los intereses devengados. La ayuda es de 583 euros mensuales.
En febrero de 2007, el matrimonio Martín Gil, de Valencia, solicitó la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales debido a la situación de Emilia, una de sus hijas, que, con 38 años, sufre un retraso mental severo por parálisis cerebral derivado de un sufrimiento fetal perinatal. La mujer, que cuenta con una discapacidad del 90%, tiene reconocida una situación de dependencia en grado tres y de nivel dos.
En mayo de 2008, la Generalitat aprobó el Programa Individual de Atención a la joven, pero en una resolución posterior, de diciembre de ese mismo año, la Administración autónoma denegaba finalmente la prestación a la paciente dependiente, momento en el que su familia recurrió a los tribunales para tratar de obtener la ayuda.
En su sentencia, el TSJCV estima ahora que la prestación solicitada está "indefectiblemente unida" a la atención del dependiente, circunstancia que, según la resolución de Bienestar Social que desestimaba la aprobación de la ayuda, no consta debidamente acreditada en cuanto al momento de su inicio. Sin embargo, prosigue el tribunal, teniendo en cuenta que a Emilia se le reconoció la situación de dependencia en grado tres -gran dependencia- y nivel dos, "es forzoso concluir que con anterioridad incluso a la fecha de la presentación de la solicitud de ayuda, esta persona dependiente ya era beneficiaria de los servicios contemplados por esta normativa".
Por tanto, efectuada la solicitud de la ayuda el 12 de febrero de 2007, "debe tomarse tal fecha como la inicial del devengo de la prestación reconocida por la resolución impugnada", concluye el juez.
domingo, 14 de marzo de 2010
Otra parte de los daños colaterales de la chapuza nacional
Jiménez asegura que la proporción se corregirá "con el tiempo"
Foto: EP
CiU acusa al Gobierno de no contar con la Dependencia para la creación de empleo y la ministra defiende que se han generado 112.000
MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanidad y Consumo, Trinidad Jiménez, explicó este miércoles en el Congreso que "con el tiempo" y por "la incorporación de la mujer al mercado de trabajo" y la progresiva "mejora en la calidad", cada vez serán más los dependientes que opten por un servicio asistencial en lugar de una prestación económica, algo que la Ley de Dependencia contempla como medida excepcional, pero que en la actualidad percibe el 48 por ciento de los beneficiarios.
Jiménez contestaba así al diputado de CiU, Carles Campuzano, quien en una interpelación sobre la Ley de Dependencia afirmó que primar las prestaciones económicas por encima de los servicios "va en contra de una política que pretende generar empleo" y tiene el riesgo de convertir el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en "una renta complementaria" o "una paga más que reciben los familiares, pero que no genera la calidad de vida ni los servicios que se deberían desarrollar".
Según explicó la ministra, aunque la Ley establece la prioridad en la concesión de servicios, "la realidad" que se ha "ido encontrando" el Gobierno es que "muchas personas que estaban siendo atendidas en su domicilio han expresado su deseo de continuar con los cuidados que venían recibiendo", lo que Jiménez atribuye a una "tradición cultural" y a una "estructura de servicios sociales preexistente que no ha facilitado el cambio de modelo".
"Poco a poco, esta situación irá ajustándose tanto por la incorporación de la mujer al mercado laboral como por la mejora en la calidad de los servicios", apuntó Jiménez, para poner como ejemplo la trayectoria de Alemania donde, según dijo, la evolución se produjo en este sentido.
Para Campuzano, es "una ingenuidad" pensar que el tiempo corregirá el desequilibrio ya que, "va a depender de las políticas que se impulsen para fortalecer las iniciativas privadas" y "de la orientación de las políticas de empleo", porque "un modelo más profesionalizado y que crea empleo o es impulsado por las políticas de gobierno o difícilmente se produce".
En este sentido, acusó al Ejecutivo de no tener en cuenta la Dependencia como sector generador de empleo porque, según dijo, en el documento que ha propuesto a los grupos parlamentarios para acordar una salida de la crisis económica "en ningún momento" figura el SAAD, lo que es "de una miopía considerable y una contradicción" con lo que planteó el Ejecutivo cuando impulsó la ley.
112.000 EMPLEOS DIRECTOS EN 3 AÑOS
En respuesta, Jiménez dijo coincidir en que la puesta en marcha del SAAD "suscitó grandes expectativas de creación de empleo" pero "no tenían en cuenta" que las familias escogerían mayoritariamente la prestación económica. "Necesitamos un poco más de tiempo para hacer ese ajuste. No soy ingenua. Estamos en condiciones de hacer esa previsión", dijo la ministra.
Asimismo, Jiménez defendió el impacto laboral de la ley y aseguró que en la actualidad, hay 112.000 personas ocupando empleos directamente relacionados con el sistema, de las que casi 43.000 se dedican a la atención residencial, más de 38.700 a la ayuda domiciliaria, 16.500 están empleadas en servicios vinculados, más de 9.200 trabajan en centros de día y más de 500, en teleasistencia.
A estos 112.000 empleos habría que sumar, según Jiménez, los más de 115.000 cuidadores no profesionales dados de alta en el convenio especial y los 35.000 empleos directos e indirectos que se han generado con los créditos adicionales del Fondo Especial para la Dependencia.
Jiménez asegura que la proporción se corregirá "con el tiempo"
Foto: EP
CiU acusa al Gobierno de no contar con la Dependencia para la creación de empleo y la ministra defiende que se han generado 112.000
MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanidad y Consumo, Trinidad Jiménez, explicó este miércoles en el Congreso que "con el tiempo" y por "la incorporación de la mujer al mercado de trabajo" y la progresiva "mejora en la calidad", cada vez serán más los dependientes que opten por un servicio asistencial en lugar de una prestación económica, algo que la Ley de Dependencia contempla como medida excepcional, pero que en la actualidad percibe el 48 por ciento de los beneficiarios.
Jiménez contestaba así al diputado de CiU, Carles Campuzano, quien en una interpelación sobre la Ley de Dependencia afirmó que primar las prestaciones económicas por encima de los servicios "va en contra de una política que pretende generar empleo" y tiene el riesgo de convertir el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en "una renta complementaria" o "una paga más que reciben los familiares, pero que no genera la calidad de vida ni los servicios que se deberían desarrollar".
Según explicó la ministra, aunque la Ley establece la prioridad en la concesión de servicios, "la realidad" que se ha "ido encontrando" el Gobierno es que "muchas personas que estaban siendo atendidas en su domicilio han expresado su deseo de continuar con los cuidados que venían recibiendo", lo que Jiménez atribuye a una "tradición cultural" y a una "estructura de servicios sociales preexistente que no ha facilitado el cambio de modelo".
"Poco a poco, esta situación irá ajustándose tanto por la incorporación de la mujer al mercado laboral como por la mejora en la calidad de los servicios", apuntó Jiménez, para poner como ejemplo la trayectoria de Alemania donde, según dijo, la evolución se produjo en este sentido.
Para Campuzano, es "una ingenuidad" pensar que el tiempo corregirá el desequilibrio ya que, "va a depender de las políticas que se impulsen para fortalecer las iniciativas privadas" y "de la orientación de las políticas de empleo", porque "un modelo más profesionalizado y que crea empleo o es impulsado por las políticas de gobierno o difícilmente se produce".
En este sentido, acusó al Ejecutivo de no tener en cuenta la Dependencia como sector generador de empleo porque, según dijo, en el documento que ha propuesto a los grupos parlamentarios para acordar una salida de la crisis económica "en ningún momento" figura el SAAD, lo que es "de una miopía considerable y una contradicción" con lo que planteó el Ejecutivo cuando impulsó la ley.
112.000 EMPLEOS DIRECTOS EN 3 AÑOS
En respuesta, Jiménez dijo coincidir en que la puesta en marcha del SAAD "suscitó grandes expectativas de creación de empleo" pero "no tenían en cuenta" que las familias escogerían mayoritariamente la prestación económica. "Necesitamos un poco más de tiempo para hacer ese ajuste. No soy ingenua. Estamos en condiciones de hacer esa previsión", dijo la ministra.
Asimismo, Jiménez defendió el impacto laboral de la ley y aseguró que en la actualidad, hay 112.000 personas ocupando empleos directamente relacionados con el sistema, de las que casi 43.000 se dedican a la atención residencial, más de 38.700 a la ayuda domiciliaria, 16.500 están empleadas en servicios vinculados, más de 9.200 trabajan en centros de día y más de 500, en teleasistencia.
A estos 112.000 empleos habría que sumar, según Jiménez, los más de 115.000 cuidadores no profesionales dados de alta en el convenio especial y los 35.000 empleos directos e indirectos que se han generado con los créditos adicionales del Fondo Especial para la Dependencia.
jueves, 11 de marzo de 2010
Sanchis (PP) diu que les amenaces les fa l’associació de minusvàlids per fer reclamacions “polítiques”
Publicat per Comarcàlia on 3/11/10 • En la secció Xàtiva
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Marcos Sanchis, regidor del PP
El regidor de Joventut de l’Ajunament de Xàtiva, Marcos Sanchis, ha revifat la polèmica sorgida entre el govern d’Alfonso Rus (PP) i l’associació de minusvàlids Aspromivise afirmant, respecte l’advertència que va fer este col·lectiu de que es podria veure obligat a tancar el centre ocupacional si no arribaven les subvencions de la Generalitat, que “si algú ha amenaçat algú és la junta d’Aspromivise“.
El regidor del PP va defensar ahir en un programa a la cadena SER les declaracions del tinent d’alcalde, Vicent Parra, qui assegurava que no va amenaçar als representants de l’associació, així Sanchis ha afirmat que Parra “ha dit que no ha amenaçat a Aspromivise, i jo com a company seu el crec”. A més ha afegit que “tant Rus com Parra estan amb els usuaris, i quan s’ha hagut de fer alguna reclamació s’ha fet”.
No obstant el responsable de joventut del PP ha criticat la posició d’Aspromivise i ha dit que que “algunes reclamacions són polítiques” al·ludint a la petició d’este col·lectiu de que es construeixca un centre de dia a Xàtiva, reivindicació que va provocar les suposades amenaces de Vicent Parra. Marcos Sanchis ha manifestat que “s’està jugant amb els usuaris del centre ocupacional i s’està intentant fer política i això redunda en perjudici dels ‘xiquitos‘”.
Després d’estes afirmacions Sanchis va afirmar que “si algú ha amenaçat algú és la junta d’Aspromivise” per l’advertència de que havia de vendre loteria i que fins i tot es podria haver tancat el centre, situació per la qual l’alcalde Alfonso Rus va dir en l’últim ple que si es tornava a donar una situació similar llevaria la gestió del centre a l’associació i posaria una empresa privada per gestionar-lo. Sanchis va rematar les seus declaracions assenyalant que la gestió del centre que es fa des de la pròpia associació “no es pot considerar pública” i que no es podia jugar amb la “sensibilitat” dels usuaris.
La resposta per part d’Aspromivise es va realitzar a través del seu portaveu Vicent Grau que va cusar Sanchis de fer “imprecisions” que són pròpies del seu “desconeixement d’una àrea que no li correspon” i que “defensa l’indefensable” per ser un “inexpert polític“. Grau va lamentar el “dany” al sentiments dels associats i discapacitats per estes declaracions perquè la decisió de necessitar tancar el centre es va prendre en l’Assemblea General “si no arribaven les subvencions”.
El representant d’Aspromivise va lamentar que Sanchis entenga com una amenaça “una decisió de l’Assemblea”, i va subratllar que al col·lectiu “no fem política, sols demanem les subvencions i reclamem un centre de dia”; a més va apuntar que col·lectiu gestiona el centre com una entitat “sense ànim de lucre”.
Les declaracions del portaveu d’Aspromivise conclouen afirmant que “amenaçar a Aspromivise és atemorir els 75 usuaris i els més de cent discapacitats i els seus familiars“, per la qual cosa demanen a Marcos Sanchis “disculpes públiques” per un altre “gest de caràcter autoritari”.
Publicat per Comarcàlia on 3/11/10 • En la secció Xàtiva
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Marcos Sanchis, regidor del PP
El regidor de Joventut de l’Ajunament de Xàtiva, Marcos Sanchis, ha revifat la polèmica sorgida entre el govern d’Alfonso Rus (PP) i l’associació de minusvàlids Aspromivise afirmant, respecte l’advertència que va fer este col·lectiu de que es podria veure obligat a tancar el centre ocupacional si no arribaven les subvencions de la Generalitat, que “si algú ha amenaçat algú és la junta d’Aspromivise“.
El regidor del PP va defensar ahir en un programa a la cadena SER les declaracions del tinent d’alcalde, Vicent Parra, qui assegurava que no va amenaçar als representants de l’associació, així Sanchis ha afirmat que Parra “ha dit que no ha amenaçat a Aspromivise, i jo com a company seu el crec”. A més ha afegit que “tant Rus com Parra estan amb els usuaris, i quan s’ha hagut de fer alguna reclamació s’ha fet”.
No obstant el responsable de joventut del PP ha criticat la posició d’Aspromivise i ha dit que que “algunes reclamacions són polítiques” al·ludint a la petició d’este col·lectiu de que es construeixca un centre de dia a Xàtiva, reivindicació que va provocar les suposades amenaces de Vicent Parra. Marcos Sanchis ha manifestat que “s’està jugant amb els usuaris del centre ocupacional i s’està intentant fer política i això redunda en perjudici dels ‘xiquitos‘”.
Després d’estes afirmacions Sanchis va afirmar que “si algú ha amenaçat algú és la junta d’Aspromivise” per l’advertència de que havia de vendre loteria i que fins i tot es podria haver tancat el centre, situació per la qual l’alcalde Alfonso Rus va dir en l’últim ple que si es tornava a donar una situació similar llevaria la gestió del centre a l’associació i posaria una empresa privada per gestionar-lo. Sanchis va rematar les seus declaracions assenyalant que la gestió del centre que es fa des de la pròpia associació “no es pot considerar pública” i que no es podia jugar amb la “sensibilitat” dels usuaris.
La resposta per part d’Aspromivise es va realitzar a través del seu portaveu Vicent Grau que va cusar Sanchis de fer “imprecisions” que són pròpies del seu “desconeixement d’una àrea que no li correspon” i que “defensa l’indefensable” per ser un “inexpert polític“. Grau va lamentar el “dany” al sentiments dels associats i discapacitats per estes declaracions perquè la decisió de necessitar tancar el centre es va prendre en l’Assemblea General “si no arribaven les subvencions”.
El representant d’Aspromivise va lamentar que Sanchis entenga com una amenaça “una decisió de l’Assemblea”, i va subratllar que al col·lectiu “no fem política, sols demanem les subvencions i reclamem un centre de dia”; a més va apuntar que col·lectiu gestiona el centre com una entitat “sense ànim de lucre”.
Les declaracions del portaveu d’Aspromivise conclouen afirmant que “amenaçar a Aspromivise és atemorir els 75 usuaris i els més de cent discapacitats i els seus familiars“, per la qual cosa demanen a Marcos Sanchis “disculpes públiques” per un altre “gest de caràcter autoritari”.
domingo, 7 de marzo de 2010
El PSPV abandona el ple de Xàtiva en negar-se Parra a explicar l’acusació d’amenaces als discapacitats
Publicat per Comarcàlia on 3/05/10 • En la secció Xàtiva
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El PSPV exigeix que Parra demane disculpes per les amenaces
En el ple municipal celebrat este matí a Xàtiva el PSPV ha presentat una moció demanant que el tinent d’alcalde del PP, Vicent Parra, demanara disculpes per l’acusació d’amenaces feta des de l’associació de discapacitats Aspromivise. Davant el rebuig del PP a tractar de debatre esta moció i per tant que el responsable municipal donara la seua versió, els set regidors del PSPV han abandonat el ple en senyal de protesta.
Anteriorment el portaveu socialista Roger Cerdà ha manifestat que “un representant públic no pot imposar d’esta forma el seu interés partidista a la societat, i menys encara afectant a les necessitats d’un col·lectiu tan sensible i tan dependent de l’assistència e les diferents administracions com són els discapacitats”. Per la seua banda Parra ha qüestionat la representativitat de la nota enviada en nom d’Aspromivise afirmant que “si li dóna més credibilitat a les seues paraules que a les meues, allà ell” i s’ha remés a les declaracions fetes en un mitjà de comunicació.
Cerdà ha criticat l’actitud de Parra i del PP afirmant que “no pot declinar donar explicacions sobre l’incident remetent-se a les delcaracions que ha fet a un unic mitjà de comunicació”, ja que “la nostra obligació és exigir-li responsabilitats sobre la seua conducta amb els diferents col·lectius de la ciutat, així com la seua és explicar-se en el ple municipal que és l’espai idoni on fan declaracions els responsables públics perquè tots l’escoltem”.
La portaveu del Bloc, Cristina Suñer, després de l’abandonament del PSPV ha tornat a inquirir a Parra pel mateix tema i este ha contestat que “en cap moment vaig dir temes d’eixe tipus, no sé l’acta què reflectirà”, i que “la persona que diu que el vaig amenaçar sols va estar deu minuts en la junta”. A més ha afirmat que no s’ha pogut posar en contacte amb la directora del centre i ha apuntat que seria el portaveu qui estaria amenaçant a Aspromivise.
Parra assegura que “li vaig dir unes coses que havia de dir-li, i que em ratifique que li les havia de dir” i que el que volia fer era parlar abans amb els responsables autonòmics dels serveis de Benestar Social.
Per la seua banda l’alcalde Alfonso Rus ha afirmat que “sempre hem donat suport a Aspromivise”, i s’ha referit als problemes econòmics de l’associació per mantindre el taller ocupacional afirmant que “si m’entere que necessiten fer loteria per guanyar diners per gestionar el centre faré que de seguida una empresa el gestione”. A més també ha advertit que si el que vol fer el representat d’Aspromivise és “fer política per darrere” ha afirmat que “destaparé el que puc destapar”.
El representant del PSPV ha finalitzant advertint Parra que “no pot plantejar este lamentable enfrontament com un cas de la paraula d’ell contra la d’Aspromivise” afirmant que el seu representant “està polititzat”, perquè “si ens posa en esta isjuntiva vegem que qui té més a perdre per traure a la llum les amenaces és Aspromivise”, especialment quan hem vist les mateixes actituds en altres dirigents dins el propi Govern de Xàtiva.
Fora del ple municipal des d’Esquerra Unida també s’ha demanat la dimissió de Parra com a president de la Mancomunitat perquè “en un Estat de Dret com el nostre no es poden tolerar aquestes actituds”. El líder d’EU Miquel Lorente ha anunciat que esta formació farà arribar a Vicent Parra un exemplar de la Carta de la Declaració Universal dels Drets Humans, perquè tinga ben clar que l’època dels silencis, els sotmetiments i de la por és una cosa del passat”. Finalment respecte a la creació dun centre de dia per Aspromivise Lorente ha assegurat que és “una necessitat més que justificada”.
Publicat per Comarcàlia on 3/05/10 • En la secció Xàtiva
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El PSPV exigeix que Parra demane disculpes per les amenaces
En el ple municipal celebrat este matí a Xàtiva el PSPV ha presentat una moció demanant que el tinent d’alcalde del PP, Vicent Parra, demanara disculpes per l’acusació d’amenaces feta des de l’associació de discapacitats Aspromivise. Davant el rebuig del PP a tractar de debatre esta moció i per tant que el responsable municipal donara la seua versió, els set regidors del PSPV han abandonat el ple en senyal de protesta.
Anteriorment el portaveu socialista Roger Cerdà ha manifestat que “un representant públic no pot imposar d’esta forma el seu interés partidista a la societat, i menys encara afectant a les necessitats d’un col·lectiu tan sensible i tan dependent de l’assistència e les diferents administracions com són els discapacitats”. Per la seua banda Parra ha qüestionat la representativitat de la nota enviada en nom d’Aspromivise afirmant que “si li dóna més credibilitat a les seues paraules que a les meues, allà ell” i s’ha remés a les declaracions fetes en un mitjà de comunicació.
Cerdà ha criticat l’actitud de Parra i del PP afirmant que “no pot declinar donar explicacions sobre l’incident remetent-se a les delcaracions que ha fet a un unic mitjà de comunicació”, ja que “la nostra obligació és exigir-li responsabilitats sobre la seua conducta amb els diferents col·lectius de la ciutat, així com la seua és explicar-se en el ple municipal que és l’espai idoni on fan declaracions els responsables públics perquè tots l’escoltem”.
La portaveu del Bloc, Cristina Suñer, després de l’abandonament del PSPV ha tornat a inquirir a Parra pel mateix tema i este ha contestat que “en cap moment vaig dir temes d’eixe tipus, no sé l’acta què reflectirà”, i que “la persona que diu que el vaig amenaçar sols va estar deu minuts en la junta”. A més ha afirmat que no s’ha pogut posar en contacte amb la directora del centre i ha apuntat que seria el portaveu qui estaria amenaçant a Aspromivise.
Parra assegura que “li vaig dir unes coses que havia de dir-li, i que em ratifique que li les havia de dir” i que el que volia fer era parlar abans amb els responsables autonòmics dels serveis de Benestar Social.
Per la seua banda l’alcalde Alfonso Rus ha afirmat que “sempre hem donat suport a Aspromivise”, i s’ha referit als problemes econòmics de l’associació per mantindre el taller ocupacional afirmant que “si m’entere que necessiten fer loteria per guanyar diners per gestionar el centre faré que de seguida una empresa el gestione”. A més també ha advertit que si el que vol fer el representat d’Aspromivise és “fer política per darrere” ha afirmat que “destaparé el que puc destapar”.
El representant del PSPV ha finalitzant advertint Parra que “no pot plantejar este lamentable enfrontament com un cas de la paraula d’ell contra la d’Aspromivise” afirmant que el seu representant “està polititzat”, perquè “si ens posa en esta isjuntiva vegem que qui té més a perdre per traure a la llum les amenaces és Aspromivise”, especialment quan hem vist les mateixes actituds en altres dirigents dins el propi Govern de Xàtiva.
Fora del ple municipal des d’Esquerra Unida també s’ha demanat la dimissió de Parra com a president de la Mancomunitat perquè “en un Estat de Dret com el nostre no es poden tolerar aquestes actituds”. El líder d’EU Miquel Lorente ha anunciat que esta formació farà arribar a Vicent Parra un exemplar de la Carta de la Declaració Universal dels Drets Humans, perquè tinga ben clar que l’època dels silencis, els sotmetiments i de la por és una cosa del passat”. Finalment respecte a la creació dun centre de dia per Aspromivise Lorente ha assegurat que és “una necessitat més que justificada”.
jueves, 4 de marzo de 2010
Parra va amenaçar als discapacitats de Xàtiva en no donar-los subvencions per demanar un centre de dia
Publicat per Comarcàlia on 3/04/10 • En la secció Xàtiva
L’associació de discapacitats de Xàtiva Aspromivise ha denunciat que el tinent d’alcalde de Xàtiva i president dela Mancomunitat de la Costera-la Canal, Vicent Parra, els ha amenaçat amb “conseqüències negatives” per al col·lectiu i per al centre si mantenien “la dinàmica de sol·licitar un Centre d’Atenció Diürna (CAD) per a discapacitats” a Xàtiva i si s’exposaven les peticions a la premsa.
Aspromivise afirma que estos fets es van produir en la reunió del 27 de novembre de 2009 a la seu de la Mancomunitat van ser “de forma reiterada” ja que com manifesta l’associació “davant la nostra estranyesa demanàrem que si efectivament les seues manifestacions podiem considerar-les una amenaça” a la qual cosa Aspromivise afirma que Parra va contestar “sí, són una amenaça” i que “no va tindre cap inconvenient en que les seues advertències passaren a ser reflectides a l’acta de la sessió com una amenaça”.
El també president de Xàtiva del PP va utilitzar “un to i una actitud desafiant en la que a més desacreditava els mitjans de comunicació” advertint que “si aneu per eixe camí no aconseguireu res” i que “en compte de suavitzar el seu discurs va isistir” amenaçant que “aneu amb compte que el que es parle en la reunió de hui ixca en la premsa”.
Les amenaces es van produir durant la celebració del Consell de Centre (format per tres representants d’Aspromivise, dos del Centre Ocupacional La Costera-Canal, i els alcaldes de Rotglà-Corberà i Cerdà) en rebutjar el president de la Mancomunitat el punt de l’ordre del dia on Aspromivise proposava elevar a la Junta de l’ens comarcal un escrit de suport a la construcció del Centre de Dia per a Xàtiva, així asseguren que la negativa es va donar perquè “cas de que se li haguera consultat, eixe punt no hauria sigut inclòs en la reunió del Consell de Centre” i perquè “al seu criteri les necessitats estaran cobertes amb la construcció del Centre Ocupacional de Moixent“.
Aspromivise explica que es van exposar els informes tècnics demanats per la Conselleria “que contradiuen la cobertura prevista” i també una previsió de la Direcció General d’Atenció al Discapacitat (DGAD) “que també és imprecisa i contradictòria perquè es refereix a Moixent com a Centre Ocupacional i per altra conclou que serà un Centre d’Atenció Diürna“.
L’associació recorda que ja ha explicat en distintes ocasions que “la situació dels discapacitats amb mobilitat reduida que ocupen el Centre Ocupacional de Xàtiva requereix un CAD i ho hem documentat amb informes requerits per la DGAD” a més de que “sempre hem donat suport a la creacio del Centre Ocupacional de Moixent“.
Esta denúncia d’amenaces “ha quedat suspesa durant 3 mesos perque efectivament les amenaçes del president del PP de Xàtiva han provocat el temor a tindre repercusions, principalment de caracter econòmic per al nostre col·lectiu, i mes en un moment en que el retard de les subvencions del 2009“. D’esta forma recorden que “va estar de provocar el tancament del Centre Ocupacional en no haver-se pagat els 98.000 euros pendents fins el final del gener d’enguany”.
Publicat per Comarcàlia on 3/04/10 • En la secció Xàtiva
L’associació de discapacitats de Xàtiva Aspromivise ha denunciat que el tinent d’alcalde de Xàtiva i president dela Mancomunitat de la Costera-la Canal, Vicent Parra, els ha amenaçat amb “conseqüències negatives” per al col·lectiu i per al centre si mantenien “la dinàmica de sol·licitar un Centre d’Atenció Diürna (CAD) per a discapacitats” a Xàtiva i si s’exposaven les peticions a la premsa.
Aspromivise afirma que estos fets es van produir en la reunió del 27 de novembre de 2009 a la seu de la Mancomunitat van ser “de forma reiterada” ja que com manifesta l’associació “davant la nostra estranyesa demanàrem que si efectivament les seues manifestacions podiem considerar-les una amenaça” a la qual cosa Aspromivise afirma que Parra va contestar “sí, són una amenaça” i que “no va tindre cap inconvenient en que les seues advertències passaren a ser reflectides a l’acta de la sessió com una amenaça”.
El també president de Xàtiva del PP va utilitzar “un to i una actitud desafiant en la que a més desacreditava els mitjans de comunicació” advertint que “si aneu per eixe camí no aconseguireu res” i que “en compte de suavitzar el seu discurs va isistir” amenaçant que “aneu amb compte que el que es parle en la reunió de hui ixca en la premsa”.
Les amenaces es van produir durant la celebració del Consell de Centre (format per tres representants d’Aspromivise, dos del Centre Ocupacional La Costera-Canal, i els alcaldes de Rotglà-Corberà i Cerdà) en rebutjar el president de la Mancomunitat el punt de l’ordre del dia on Aspromivise proposava elevar a la Junta de l’ens comarcal un escrit de suport a la construcció del Centre de Dia per a Xàtiva, així asseguren que la negativa es va donar perquè “cas de que se li haguera consultat, eixe punt no hauria sigut inclòs en la reunió del Consell de Centre” i perquè “al seu criteri les necessitats estaran cobertes amb la construcció del Centre Ocupacional de Moixent“.
Aspromivise explica que es van exposar els informes tècnics demanats per la Conselleria “que contradiuen la cobertura prevista” i també una previsió de la Direcció General d’Atenció al Discapacitat (DGAD) “que també és imprecisa i contradictòria perquè es refereix a Moixent com a Centre Ocupacional i per altra conclou que serà un Centre d’Atenció Diürna“.
L’associació recorda que ja ha explicat en distintes ocasions que “la situació dels discapacitats amb mobilitat reduida que ocupen el Centre Ocupacional de Xàtiva requereix un CAD i ho hem documentat amb informes requerits per la DGAD” a més de que “sempre hem donat suport a la creacio del Centre Ocupacional de Moixent“.
Esta denúncia d’amenaces “ha quedat suspesa durant 3 mesos perque efectivament les amenaçes del president del PP de Xàtiva han provocat el temor a tindre repercusions, principalment de caracter econòmic per al nostre col·lectiu, i mes en un moment en que el retard de les subvencions del 2009“. D’esta forma recorden que “va estar de provocar el tancament del Centre Ocupacional en no haver-se pagat els 98.000 euros pendents fins el final del gener d’enguany”.
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